LA CORRUPCIÓN PRIVADA

 

 

Escribe: Oscar Schiappa-Pietra

Profesor e Investigador de CENTRUM Católica

 

Poco luego de la operación en una reputada clínica, el médico tratante prescribió al paciente de 87 años la necesidad de una segunda intervención quirúrgica. En vísperas de practicarse esta, se conocieron los diagnósticos de otros especialistas que coincidieron en que la misma no solo era innecesaria, sino fraudulenta y obviamente peligrosa.

Este no es un caso ficticio, sino que es parte de la realidad cotidiana del Perú, donde impera la impunidad profesional ante la cómplice actitud de los colegas, de los colegios profesionales y del Estado. Este paciente y sus familiares no tienen posibilidad alguna de promover la sanción eficaz del corrupto médico, quien actuando criminalmente pone en riesgo la salud de su anciano paciente para lucrar: aunque sus colegas opinaron privadamente en contra de la intervención, ninguno declararía esto ante el fiscal o el juez, y el Colegio Médico del Perú tradicionalmente guarda cómplice silencio frente a los casos de ejercicio negligente o doloso de la profesión.

En la página web del Colegio Médico del Perú se anuncia prominentemente los servicios de defensa legal que brinda a sus asociados, pero no contiene mención alguna a procedimientos para denunciar a médicos negligentes o delincuentes, ni a sus procedimientos disciplinarios, o a sus acciones para promover la ética profesional.

Esta realidad es idéntica en la esfera de los abogados, los contadores y otras profesiones: ilegítima solidaridad corporativa, cómplice ante conductas antiéticas, y conducente a la impunidad.

En el mundo empresarial, la incidencia de la corrupción no es menor. Los directivos de la firma auditora y consultora Ernst & Young publicaron meses atrás un estudio sobre percepciones de fraude entre las 250 principales empresas del Perú, y los hallazgos son alarmantes: 55% reportaron haberlo sufrido; 45% de ellas lo han padecido reiteradamente; y 67% creen que volverán a ser víctimas. En 81% de los casos, los autores fueron trabajadores de la empresa (en 32% de los casos, los perpetradores fueron gerentes o supervisores).

Tales estadísticas sugieren que muchas empresas en el Perú no están adecuadamente preparadas para enfrentar la corrupción en su seno, sea por falta de estrategias y mecanismos o por abierta tolerancia. La evidencia provista por las buenas prácticas corporativas a nivel mundial permite identificar un conjunto de elementos que son fundamentales para cerrarle el paso a la corrupción dentro de las empresas, incluyendo: (a) la decisión al más alto nivel corporativo de enfrentarla sin transigir; (b) la existencia de un Código de Conducta explícito, conocido por el personal y enraizado en la cultura corporativa; (c) el contar con análisis de riesgos actualizados periódicamente; (d) el establecimiento de mecanismos de toma de decisiones transparentes y controlables, con clara definición de atribuciones y de sus límites; (e) la institucionalización de mecanismos de control independientes, con acceso directo al Directorio, y dotados de un equipo profesional solvente; y (f) la existencia de mecanismos de denuncia (anónimos, de preferencia) y de sistemas de incentivos y de protección en favor de los denunciantes, sean personal, proveedores o clientes.

Y, agregando a la suma pero fuera del ámbito empresarial, con mayor intensidad aún, el Perú está plagado de masivas actividades ilegales en diversos sectores: narcotráfico, minería, tala de árboles, pesca, etc., todas ellas ejecutadas por actores privados con la complicidad o indolencia de funcionarios públicos, y que generan muchos cientos de millones de dólares anualmente en ganancias ilícitas.

La corrupción privada en el Perú, masiva y multifacética, es algo sobre lo que se dice poco y se hace menos. Es la expresión de una sociedad cuyo sustrato ético se encuentra carcomido, y de una democracia inoperante. En particular, la propia corrupción e ineficacia del Poder Judicial, de la Fiscalía y de la Policía Nacional, son factores fundamentales que coadyuvan a la propagación de la corrupción en todas las demás esferas de la vida nacional.

Para quienes incurren en prácticas delictivas defraudando a sus clientes o a sus empleadores, el costo de oportunidad -es decir, la probabilidad que sean condenados en un proceso penal- es usualmente nulo, y la miel de la riqueza ilícita es demasiado dulce.

La corrupción privada, al igual que la pública, pervierte la gobernabilidad democrática, genera costos y daños generalmente irrecuperables para las víctimas, y también resta competitividad a las empresas y a nuestro país. Para enfrentarla, se requiere de normas legales que obliguen a los colegios profesionales a cumplir con eficacia y transparencia funciones de tutela sobre el desempeño ético de sus profesionales afiliados, y que induzcan a las empresas a adoptar programas de prevención de fraudes.

Vencer la corrupción es una asignatura históricamente pendiente, pero lograrlo resulta imposible en tanto persista la infección del encubrimiento, la tolerancia y la complicidad, tan arraigada en nuestra cultura.

 

Sala de Redacción / peruanosnews.com – Publicado: 26 abril 2016